La Luz del Mundo y su avance político en México: un reportaje sobre poder religioso, bolsillos públicos y el futuro civil del país
Resumen: En los últimos años la Iglesia La Luz del Mundo —una organización religiosa con raíces en Jalisco pero con alcance nacional— ha desarrollado una red de influencia que ha permeado espacios políticos y administrativos en varios niveles. Legisladores, servidores públicos y movimientos locales vinculados a la congregación han llevado a la religión más allá de lo estrictamente espiritual: la presencia pública de sus miembros en cargos decisorios, la creación de organizaciones satélites y la interacción con gobiernos estatales han generado preguntas sobre la separación entre Estado y confesión, así como riesgos para el ejercicio plural de la democracia. Este reportaje reúne pruebas públicas, nombres, episodios y propuestas para atender el fenómeno desde la esfera civil y política.
¿Qué es La Luz del Mundo y por qué importa su influencia política?
La Luz del Mundo (LLDM) es una organización cristiana fundada en México que ha crecido hasta convertirse en un megacongregación con estructuras administrativas, asociaciones civiles vinculadas y presencia internacional. Su liderazgo ha concentrado poder simbólico y económico entre sus seguidores, y los escándalos judiciales en Estados Unidos contra su cúpula han arrojado luz sobre prácticas internas que ahora también repercuten políticamente.
De la feligresía al cargo público: nombres y pasos concretos
En los últimos ciclos electorales, varios miembros identificados con la iglesia pasaron a ocupar cargos públicos relevantes:
Emmanuel Reyes Carmona — Diputado federal y figura pública vinculada a la agrupación, posteriormente incluido en listas de representación; protagonizó iniciativas y apareció como uno de los líderes políticos cercanos a la organización.
Hamlet García Almaguer — Diputado federal (postulado por Morena) y personaje surgido de redes locales de la iglesia en Jalisco; se le ha asociado con agrupaciones políticas surgidas desde círculos afines.
Favio (o Gavo) Castellanos Polanco — Otro legislador señalado públicamente como parte de la red de afiliados.
Israel Zamora Guzmán — Senador (PVEM) que en distintos momentos ha sido identificado públicamente por su pertenencia o cercanía a la comunidad.
Estos nombres forman lo que la prensa y organizaciones civiles han llamado una “mini-bancada” o red de afinidad dentro del Congreso, además de la existencia de asociaciones civiles —por ejemplo, la llamada APEM (Asociación de Profesionistas y Empresarios de México)— que funcionan como brazo organizativo y de movilización sociopolítica.
Territorio y relaciones con el poder local: Jalisco como epicentro
Jalisco —y en particular Guadalajara— es uno de los centros históricos de La Luz del Mundo. Ahí, la iglesia ha logrado capital simbólico: su edificio principal es un referente arquitectónico y social en la ciudad, y sus reuniones han contado con la presencia de autoridades locales. Gobernadores y alcaldes han aparecido en eventos públicos con líderes religiosos, un fenómeno que alimenta la percepción de confluencia entre poder público y religioso. El reconocimiento de inmuebles vinculados a la iglesia en inventarios culturales y los encuentros institucionales con funcionarios locales han sido motivo de debate público.
¿Cómo se traduce la influencia religiosa en poder político?
La conversión de capital religioso en poder político se manifiesta en varios mecanismos observables:
Movilización electoral: congregaciones grandes pueden movilizar votos en bloques identificables, algo útil para partidos que compiten en distritos cerrados. (Práctica observada por analistas locales que monitorean la relación entre comunidades religiosas y elecciones).
Colocación de cuadros en cargos de representación: la presencia de diputados y senadores con lazos con la iglesia permite tanto la defensa legislativa de intereses como la legitimación pública de la organización.
Organizaciones civiles y empresariales afines: estructuras como APEM generan redes de contacto, recursos y proyectos que confluyen con la agenda local y nacional.
Acceso a la administración pública y a la agenda cultural: la interlocución con secretarías y la inclusión de bienes vinculados a la iglesia en inventarios o programas pueden traducirse en recursos o protección institucional.
Escándalos y reacciones: la justicia internacional y el impacto político
La influencia política no ha estado exenta de controversia. El arresto y condena en Estados Unidos de Naasón Joaquín García (líder de LLDM) por delitos sexuales y la más reciente acusación federal que amplía cargos por presunto crimen organizado y trata, han provocado un nuevo escrutinio internacional y nacional. Ese contexto judicial ha alimentado investigaciones, reportajes y debates públicos sobre la idoneidad de que servidores públicos con vinculación a la iglesia tengan posiciones de decisión. Las acusaciones recientes —publicadas por autoridades estadounidenses y medios internacionales— han intensificado la presión mediática y política sobre la red.
¿Por qué la oposición política considera prioritario “romper” estos vínculos?
Para sectores de la oposición y la sociedad civil hay razones estratégicas y cívicas que justifican un freno a la influencia:
Riesgo a la laicidad y decisiones públicas sesgadas: cuando credos determinan políticas públicas o el acceso a recursos, se erosiona la garantía constitucional de laicidad y la gestión objetiva del Estado.
Conflictos de interés y captura institucional: la presencia de cuadros leales a una organización religiosa puede traducirse en ocultamiento de abusos, protección de redes internas o uso de la estructura pública para fines partidistas o confesionales.
Legitimidad y confianza ciudadana: escándalos graves contra la cúpula religiosa colocan en entredicho a sus representantes políticos; mantener a esos representantes sin investigarlos o sancionarlos puede minar la confianza en las instituciones.
Es por esto que, en los últimos años, ha habido una mayor circulación de información pública y periodística sobre la relación entre la iglesia y funcionarios, y una presión creciente por parte de periodistas, ONG y actores políticos para clarificar responsabilidades.
Límites legales y la complejidad del abordaje
La respuesta a la penetración religiosa en la vida política debe cuidarse de no vulnerar la libertad religiosa ni criminalizar la fe de los creyentes. Las medidas viables incluyen:
Transparencia y rendición de cuentas: exigir declaraciones patrimoniales claras, transparencia en donaciones y relaciones entre asociaciones civiles y servidores públicos.
Investigación y sanción ante conductas delictivas: perseguir penalmente conductas concretas (corrupción, trata, abuso sexual, lavado) sin que el estatus religioso proteja a los implicados. Las acusaciones internacionales recientes han demostrado que los mecanismos judiciales pueden y deben aplicarse.
Fortalecimiento de la sociedad civil y medios independientes: dotar a la ciudadanía de herramientas para vigilar y denunciar, y proteger el periodismo de investigación que documente redes de influencia.
Regulación de la contratación pública y de patrimonio cultural: revisar cómo se reconocen o financian inmuebles o proyectos que podrían beneficiar a congregaciones con influencia política activa.
Recomendaciones concretas para la oposición y la sociedad
Auditorías ciudadanas en municipios y estados con fuerte presencia de LLDM para revisar contrataciones, concesiones y uso de recursos.
Campañas informativas que distingan entre el derecho a la fe individual y la inadmisibilidad de que las estructuras religiosas determinen políticas públicas.
Acciones jurídicas estratégicas (amparos, denuncias, solicitudes de información) para transparentar vínculos entre asociaciones y funcionarios.
Alianzas transversales con organizaciones laicas, defensores de derechos humanos y periodistas de investigación para maximizar vigilancia ciudadana.
Conclusión: por qué esto es importante para el futuro de México
Cuando una organización religiosa desarrolla una red visible de poder político, la discusión deja de ser solamente sobre creencias personales: se convierte en una cuestión de reglas del juego democrático. La protección de la laicidad, la rendición de cuentas y la independencia de las instituciones son esenciales para que el Estado funcione en beneficio de todos y no como instrumento de grupos particulares. La reciente oleada de investigaciones y denuncias —reforzada por procesos judiciales internacionales— ofrece a la sociedad mexicana una oportunidad de clarificar límites, exigir transparencia y fortalecer las barreras entre fe y Estado sin poner en riesgo la libertad religiosa individual.
Fuentes consultadas (selección)
Latinus — “La Luz del Mundo estrena 'mini bancada' en la Cámara de Diputados” (2021).
Departamento de Justicia de los Estados Unidos — Comunicados sobre acusaciones contra Naasón Joaquín García (2025).
The Associated Press — Cobertura internacional sobre la acusación e impacto.
SinEmbargo — Reportajes sobre la red política y judicial de La Luz del Mundo (2025).
El País / Milenio — Informes sobre la presencia de la iglesia en Jalisco y la relación con autoridades locales.
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